La modificación amplía el ámbito de protección penal de la información digital, al sancionar no solo el acceso ilícito a datos informáticos, sino también su obtención, tenencia, uso o comercialización cuando se tenga conocimiento o se deba conocer, que dichos datos se obtuvieron sin consentimiento de su titular, mediante la vulneración de un sistema de seguridad, o la comisión de un delito. Asimismo, el tipo penal también aplica a credenciales de acceso y a bases de datos personales. De este modo, la norma alcanza a quienes participan en la circulación ilegal de datos, aun cuando no hayan intervenido directamente en el acceso inicial al sistema informático, penalizando las infracciones a la normativa de protección de datos personales, que hasta el día de hoy les correspondía solamente una sanción administrativa.